Democracia y reparación.

Uno de los problemas más escabrosos que confronta el intento por establecer regímenes democráticos en los países latinoamericanos lo constituye la necesidad de resolver las secuelas por las campañas de represión política desarrolladas por los gobiernos de “seguridad nacional”. Este es un problema de palpitante actualidad*. La presunta transición pacífica de dictadura a democracia, sin que medie una guerra que establezca como vencedoras a las fuerzas democráticas, vuelve muy difícil toda pretensión de justicia y aún de simple elaboración del pasado. Pero, parafraseando un conocido dicho, bien puede afirmarse que los pueblos que no pueden confrontar su pasado histórico, están condenados a repetirlo.

 

Resulta necesario recordar la magnitud, cuantitativa y cualitativa, del daño producido por las campañas de contrainsurgencia o de represión estatal, para comprender el engaño de querer hacer borrón y cuenta nueva de esa historia; el pasado que tan festinadamente se quiere cerrar no sólo está vivo en personas y grupos -víctimas y victimarios-, sino que sigue operando en las mismas estructuras sociales. Por supuesto, ahí está el vacío dejado por todos aquellos miles de personas asesinadas o “desaparecidas”, vacío que aún sigue acongojando a sus familiares; pero está también la herida viviente de todos aquellos, probablemente tantos o más que los muertos, que sobrevivieron tras sufrir en carne propia la crueldad de prisiones crueles, de interrogatorios sin fin, de torturas refinadas; finalmente, está el trauma de aquellos innumerables que en algún momento fueron amenazados, hostigados y perseguidos y que, para salvar sus vidas y las de sus familiares, tuvieron que renunciar a sus ideales y principios o bien esconderse, huir, refugiarse y aun exiliarse de su propia patria. Todo este daño es de tal magnitud que resulta casi ingenuo o cínico pretender que se olvide de la noche a la mañana. Porque, en el fondo, no se trata de un problema de individuos aislados, pocos o muchos; se trata de un problema estrictamente social. El daño producido no es simplemente el de la vida personal que se destruye; el daño se ha causado a las estructuras sociales mismas, a las normas que rigen la convivencia, a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos, a los valores y principios con los que se ha educado y en función de los cuales se ha pretendido justificar la represión.

Son varios y de diversa naturaleza los argumentos que se esgrimen en defensa de un olvido total de los daños producidos y de un perdón incondicional a sus ejecutores: (1) en algunos casos, se retoma el argumento de la “debida obediencia”, que dejaría como únicos responsables a algunos pocos jefes supremos, por supuesto, considerados siempre como individuos, no como representantes del estado o de las fuerzas armadas; (2) el argumento más utilizado es el de la necesidad política de superar el pasado a fin de no perpetuar el conflicto, lo cual requeriría el perdón y la reconciliación social; en ocasiones, se intenta revestir este argumento con espíritu cristiano, como si esa salida fuera la única concorde con las enseñanzas cristianas; (3) finalmente, de vez en cuando se trae o se insinúa el argumento “de fuerza mayor” de que, si no se produce ese perdón y olvido social, hay el peligro de que los militares se rebelen contra el sistema democrático y vuelvan a establecer una dictadura. Por consiguiente, tanto por conveniencia social como por realismo político, habría que abandonar toda pretensión de encausamiento a los violadores en nombre de la seguridad nacional y de reparación a los daños personales y sociales por ellos producidos.

No es el caso insistir en el retroceso histórico que supone el argumento de la “obediencia debida”; los juicios de Nürenberg pierden toda validez y se convierten en una simple venganza de los vencedores si su lógica ética, jurídica y social no fuera aplicable en las circunstancias actuales. En este sentido, el famoso caso del Teniente William Calley, uno de los responsables de la matanza de My Lai, ya constituye un mal precedente.

El segundo argumento es, sin duda, el más fuerte y hay que concederle un grado de validez. Es indudable que el progreso de las sociedades requiere la capacidad de superar conflictos, de perdonar ofensas y aún de renunciar a ciertas reivindicaciones circunstanciales en aras de la concordia y el bien común, históricamente viable. Sin embargo, el problema estriba en si ese perdón y renuncia se van a establecer sobre la base de la verdad y la justicia, o de la mentira y la injusticia perpetuadas. Es evidente que nadie va a devolver su juventud al disidente apresado, su inocencia a la joven violada, su integridad al torturado, o los muertos y desaparecidos a sus familiares; lo que sí puede y debe restituirse públicamente es su nombre y su dignidad, el reconocimiento formal de que lo ocurrido es injusto y, hasta donde se pueda, una reparación material. Y, en el caso de los “desaparecidos”, una clarificación de lo sucedido y, si fuera posible, la devolución de los restos mortales de la víctima o de la propia persona, en el caso de aquellos niños que fueron robados a su familia. El cristianismo llama al perdón, sí, pero sobre la base de la verdad y de la justicia, y hasta en la moral más tradicional sólo se habla de reconciliación junto con el “propósito de enmienda”, es decir, del reconocimiento del mal cometido, y de la “satisfacción de obra”, es decir, de la reparación.

El tercer argumento es, por desgracia, el de más peso político, aunque también el más deleznable. Porque, en el fondo, lo que se está reconociendo es el carácter falsamente democrático de un ordenamiento hipotecado a la fuerza de los militares y supeditada a su voluntad. Una democracia así siempre penderá de la espada de Damocles de quienes, desde el control de la violencia, pueden decidir sobre la conveniencia de un ordenamiento legal o de una orientación política en función de sus intereses gremiales y aún personales. Una democracia así siempre será una democracia atada, censurada, castrada, que desde sus raíces contradice su propia naturaleza y vocación. Más aún, este argumento representa una ofensiva desnaturalización de la propia institución militar, a la que se le niega la posibilidad de cimentarse en la justicia o de funcionar con honestidad; en otras palabras, no se considera que las Fuerzas Armadas sean capaces de enfrentar y aceptar el mismo principio de justicia a cualquier otra persona, grupo o institución social. ¿Realmente creemos que éste principio puede llevar al establecimiento de una sociedad en verdad democrática? ¿No se estará vendiendo como condición de posibilidad histórica para la democracia lo que precisamente constituye una condición para su imposibilidad?

Quienes claman por una reparación social no están pidiendo venganza ni se están obcecando en hacer todavía más difícil un proceso histórico nada fácil. Por el contrario, están promoviendo la viabilidad personal y social de una sociedad nueva, realmente democrática. ¿En base a qué podrá ejercerse la justicia en nuestras sociedades, si los principales violadores a los derechos humanos pueden campar libremente, incluso presumiendo ante sus propias víctimas de que lo que hicieron fue “lo correcto” y aún amenazando con repetirlo? ¿Con qué derecho castigar o encarcelar al ladrón de los bienes ajenos o al que mala por celos personales, si se ignora el daño del que robó vidas humanas y asesinó masivamente por celos ideológicos?

Así como la superación de los traumas personales exige su elaboración terapéutica, nuestras sociedades latinoamericanas requieren esa terapia socio-política de una justa reparación a ese verdadero genocidio cometido en nombre de la seguridad nacional y aun de la civilización occidental.

 

Ignacio Martín-Baró
San Salvador, 16 de octubre de 1989**

* [...de palpitante actualidad en países como Argentina y Uruguay, un problema que se anuncia como crítico en el futuro inmediato de Chile, un problema que algún día tendrá que plantearse en Guatemala y el Salvador, y un problema que apenas se está gestando en Perú o Colombia].

** Escrito, claro, durante la guerra civil salvadoreña (a un mes exacto de ser asesinado), hace ya 18 años. Y sin embargo, continúa siendo un tema vigente y relevante. Prueba de ello es la presencia del segundo argumento en el discurso oficial, cuando las cúpulas militares y/o del gobierno son cuestionadas.